“ETA
ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento
a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo
que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así,
la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica
muestra su compromiso claro, firme y definitivo”. Con estas palabras, el 20 de
octubre de 2011 se ponía fin a medio siglo de actividad terrorista, que se
había llevado por delante las vidas de 829 personas. Dos años y medio después,
¿ha cesado realmente ETA su actividad? ¿Está el Gobierno de España emprendiendo
acciones contundentes para resolver el conflicto? ¿Es el compromiso de la banda
terrorista tan firme como anunciaban?
ETA ha perdido. El acoso policial,
judicial y social logró que la banda terrorista se diera cuenta de que por la
vía del crimen no iba a lograr sus objetivos. Y ha desaparecido sin conseguir
uno solo de ellos. Esto es una victoria
del estado de derecho que debe ser puesto en valor. Sin embargo,
determinados actores alimentan la idea de que ETA todavía está viva y va
alcanzando objetivos políticos.
La
primera falacia de cierto sector político y mediático consiste en equiparar a la izquierda abertzale con el
terrorismo. Cabe recordar que los estatutos de la formación política Bildu,
que gobierna en muchas localidades del País Vasco, incluida San Sebastián,
rechazan todo uso de la violencia; la consecuencia para cualquier miembro del
partido que fuera identificado apoyando tesis terroristas serían la expulsión
inmediata. La izquierda abertzale ha entendido que la violencia era un
anacronismo, que no supone sino crear un muro de trabas para avanzar en sus
ideas. Esta falacia ha avivada por personajes como el expresidente José María
Aznar (1): “sé muy bien que eso que llaman Sortu o Bildu no es más
que ETA”.
La
derecha española, sin encontrar oposición del indefinido y prácticamente irrelevante
PSOE, está fomentando el miedo a ETA,
para utilizarlo en su propia conveniencia. Le interesa decir que ETA no se
ha disuelto – siempre que no vuelva a matar–. En los últimos tiempos, son
muchos los hechos que, lejos de intentar crear un clima de entendimiento (como
el que realmente se vive en las calles de Euskadi, sin ir más lejos),
contribuyen a generar sentimientos de crispación y de odio al diferente, lo
cual, paradójicamente (¿interesadamente?) da alas al independentismo más
radical.
La
excarcelación de numerosos presos de ETA al calor de la sentencia del Tribunal
de Estrasburgo sobre la doctrina Parot (sentencia que, desde el punto de vista
jurídico, no admite discusión: no se puede aplicar una norma retroactivamente;
véanse declaraciones del profesor Gómez Benítez en la revista Jot Down (2))
ha sido vilipendiada por la derecha más recalcitrante y sus brazos mediáticos
(sirva de ejemplo el lamentable y mentiroso artículo publicado el domingo
pasado por el ex periódico de Pedro J. (3)). No hay que olvidar que
la inmensa mayoría de dichos presos, con delitos de sangre a sus espaldas,
llevaban cumplida más del 80% de sus condenas. Que Inés del Río haya pagado cada uno de sus asesinatos con 400 días de
cárcel es un dato tan real como sin significado alguno. El Código Penal
condena a la pena de veinta a treinta años a quien, perteneciendo a banda
armada, cause la muerte de una persona. Desde ese prisma, que la terrorista
haya estado en prisión 26 años del máximo de 30 previsto no parece tan
escandaloso.
El
acto del pasado 4 de enero en Durango en el que varios de los expresos de ETA
liberados tras la derogación de la doctrina Parot (insistimos, todos ellos con
una media de 25 años pasados en la cárcel) se reunieron para reconocer su
responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto debería ser tomado
por la sociedad española como una victoria sobre el terrorismo. No obstante, se
interpreta, en nuestra opinión erróneamente, como un desafío y un desprecio a
las víctimas. Días después, las fuerzas de seguridad detienen a un grupo de
abogados del entorno de ETA en una operación
chapucera que se filtró por el Ministerio del Interior (una vez más,
¿interesadamente?) incluso por Twitter, lo que nos hace pensar si el objetivo
de dicha acción era meramente propagandístico; buscar abrir el telediario, al
fin y al cabo – con dicha filtración se dio tiempo a que simpatizantes de la
causa pudieran reunirse delante del despacho para proferir insultos a la
actuación policial lo que, suponemos, causaría gran gozo al espectador medio
del informativo de Antena 3–.
Por
terminar con los ejemplos más recientes y evidentes de este uso aprovechado del
fin de ETA, nos vamos el 11 de enero a Bilbao. Todos los años desde hace unos
25, tiene lugar una marcha (habitualmente minoritaria en número de asistentes,
limitada a los más activos de la causa abertzale) a favor de los presos de ETA.
Precisamente, es este año (¡con ETA ya muerta!) cuando se trata de impedir su
celebración, a modo de huida hacia delante tras la interpretación dada al acto
de Durango. Políticamente, esta decisión no tiene ni pies ni cabeza, y la bomba le acaba estallando en la cara al
PP (perdonen el uso de las palabras bomba y estallar en este artículo): la
sociedad vasca es un clamor y más de 100.000 personas (100.000 terroristas,
quizás, para ABC y La Razón) salen a la calle.
La responsabilidad (irresponsabilidad), al
fin, del Gobierno de España y de sus aliados mediáticos en este conflicto es
innegable. Las actuaciones y declaraciones de sus dirigentes no hacen sino
espolear al independentismo más radical. Este Gobierno no afronta la realidad, sino que la deforma, la utiliza y
trata de imponer su propia versión falseada. Hace falta sentido de estado, un
convencimiento sincero de acabar con este triste capítulo de nuestra historia.
Parece que el Gobierno quiera apoyarse en asuntos como los independentismos
periféricos para ocultar los evidentes problemas económicos y de corrupción
interna que no son capaces de resolver, para de esta forma tener bien atados a
sus fieles votantes. Juegan con la falacia del “de acuerdo, no sabemos
gestionar la salida de la crisis y formamos parte primaria del juego de
corrupción que domina las altas esferas, pero ojo, cuidado con los radicales
independentistas que van a destruir España, votar a cualquier otro que no
seamos nosotros es caos y destrucción”.
En
este sentido, ejerciendo una posición de madurez política de la que, a la vista
de los hechos, carecen, el Gobierno no debería
seguir dependiendo del lobby que representan ciertas víctimas del terrorismo,
aglutinadas bajo las siglas AVT. Desde luego, se debe respetar su memoria,
reconocer su dolor y hacer pagar las consecuencias del mismo a quienes lo han
causado, como ya se hace con la Ley Antiterrorista. Se equivocan estas víctimas,
no obstante, al reclamar políticas que den lugar, en sus propias palabras, a la
existencia de “vencedores y vencidos”. Ya hay vencedores y vencidos. El estado
de derecho ha ganado y no se debe confundir justicia con venganza. Por otra
parte, no hay que olvidar que el grupo dirigido por Ángeles Pedraza no
representa a todas las víctimas. Muchas otras, no utilizadas como agentes
políticos por el Partido Popular, demuestran mayor amplitud de miras (véase el artículo publicado por el País la
semana pasada (4)) y, dentro de su dolor y sintiendo, en la mayor
parte de los casos, que no van a poder perdonar lo que los asesinos les han
hecho, tratan de establecer puentes de entendimiento, por ejemplo, teniendo
reuniones supervisadas con los terroristas. De esa forma, contribuyen a que los
presos etarras se convenzan del daño causado y de la necesidad de asumir
responsabilidades para repararlo. Pero, finalmente, como dice el periodista
Luiz Aizpeolea en su libro “Los entresijos del final de ETA”, las soluciones políticas deben hacerlas los
gobiernos.
En
opinión de Aizpeolea, vertida en el programa Carne Cruda de la cadena SER, y
con la que nos mostramos de acuerdo, los siguientes pasos que deberían darse
para avanzar en superar el conflicto pasan, evidentemente, por una mayor implicación de la izquierda abertzale
con el mismo: debe reconocer su complicidad con el terrorismo durante todos
estos años. Por otra parte, ETA debe desarmarse (aunque éste sea un acto
meramente simbólico) y disolverse. Los presos de ETA deben hacer expreso, a
título individual, su rechazo a la
violencia y el reconocimiento de las víctimas, y estas posiciones deben ser
tomadas sin exigir contrapartidas.
Por su parte, el Gobierno de España debe cambiar radicalmente su tono político,
velar por el cumplimiento de la Ley,
adquirir sentido de estado, dejar de utilizar a su antojo a las víctimas
del terrorismo, no pretender actuar – sobreactuar– como ganadores, fomentar
políticas penales de reinserción social, por ejemplo mediante la aplicación de
la vía Nanclares (en definitiva, no saltarse la Constitución), estudiar el
acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco (aplicar las mismas
medidas que a cualquier otro preso, no hace falta nada más) y sacar al
movimiento antiterrorista del sectarismo en el que ahora mismo flota. Por la
dirección actual, nos encaminamos a que
el incendio catalán sea una pequeña hoguera al lado de lo que puede pasar en
Euskadi. Por último, los medios de comunicación tienen también una
responsabilidad fundamental en la resolución del proceso: deben alejarse del
fundamentalismo y el radicalismo y ayudar a tender puentes.
Afortunadamente,
la realidad actual de Euskadi muestra avances palpables. Desde el anuncio del
cese de la violencia, no se ha producido un solo atentado o acto de extorsión y
la kale borroka es residual, por no decir inexistente. La convivencia en
Euskadi se ha normalizado, y cualquier político no nacionalista puede entrar al
casco viejo de San Sebastián sin temor a no poder salir. Quien vive en el País
Vasco, lo nota. Quizás no trasciende al resto de España, pero es así. Es una
victoria de toda la sociedad, para la que no hay vuelta atrás. El rumbo hacia
la paz debe ser constante y sin desvíos; en otro escenario, el Estado estaría
permitiendo que ETA gane batallas después de muerta.
Notas:
¿Qué opinión tiene de la doctrina Parot y
de la sentencia del TEDH de Estrasburgo?
El problema lo crearon, en primer lugar,
los políticos franquistas antes de 1978, y posconstitucionales después, que
hasta 1995 se negaron a derogar la redención de penas por el trabajo, en contra
de la petición de todo el arco académico. El único que lo intentó fue Adolfo
Suárez, pero, falto de apoyos parlamentarios, tuvo que retirar su
proyecto de Código Penal poco antes del 23F. Y, en segundo lugar, el problema
lo creó el Tribunal Supremo, que elaboró esta ingeniería jurídica para neutralizar
lo que el legislador no había querido evitar. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, al echarla abajo, ha dicho cosas tan elementales en un Estado de
derecho que no debería ser necesario tener que decirlas. La no puesta en
libertad de quienes habían cumplido sus condenas conforme a la redención de
penas por el trabajo no es un simple asunto de ejecución de las penas, sino de
legalidad de las penas. Ya deberíamos saber y admitir que las personas salen de
prisión cuando cumplen sus penas. A mí también me habría gustado que se hubiera
derogado la redención de penas por el trabajo tras la Constitución, y que no
hubiera sido necesaria la doctrina Parot, pero no fue así y, entonces, por
encima de todo esto está el respeto a la legalidad.
Que buen análisis Javier. Has definido con total claridad la situación actual y el gran desorden que por acción u omisión están perpetrando nuestros grandes partidos. Ni en un asunto tan sensible para los ciudadanos son capaces de anteponer los intereses del Estado sobre los suyos propios. Que gozo leerte en Arte y ensayo y ahora en Política y Faralaes.
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